LAGRIMAS DE COCODRILO

Lágrimas de Cocodrilo


Carlos Anxo Portomeñe / 31 mar 08

Treinta y un años después de la celebración de las primeras elecciones generales tras la dictadura franquista, algunos han visto cumplida la primera parte de un viejo sueño: el Partido Comunista de España ha sido "borrado" del Congreso de los Diputados, un caso único en la historia reciente de las cámaras representativas europeas. Se trata, en efecto, de la primera parte del sueño porque la aspiración última, recurrente desde la propia constitución del movimiento comunista organizado, es la desaparición de los Partidos Comunistas como partidos, no sólo en este país sino a nivel planetario.

Una vez celebradas las elecciones generales del pasado 9 de marzo se han podido comprobar como nunca los efectos perniciosos de un sistema electoral carente de proporcionalidad, racionalidad y carácter democrático, cuya reforma ya se contemplaba en el documento fundacional de IU. Consumada la derrota electoral de IU, los propios medios de comunicación han alentado el debate sobre la necesidad de reformar este sistema. Es curioso que un sistema electoral concebido en su día, entre otros fines, para impedir la representación parlamentaria del PCE, sirva de máxima excusa a la dirección de IU a la hora de justificar los resultados frente a la crítica del mismo PCE, y que además haya sido este partido quien machaconamente haya insistido a la dirección federal de IU durante la última legislatura en la necesidad de exigir al PSOE su reforma, especialmente cuando se votaban todos los Presupuestos Generales del Estado sin contrapartida.

Efectivamente, el sistema electoral español, como cualquier otro sistema electoral, no es aséptico. La doctrina académica reconoce que cuando fue aprobado en 1977 perseguía el objetivo de "asentar el proceso de transición" y frenar a los extremos, favoreciendo la existencia de dos grandes partidos políticos. Es de sobra conocido que uno de sus elaboradores, Herrero de Miñón, manifestó públicamente el pasado año su satisfacción por haber sido el "padre" de un sistema electoral diseñado para evitar el peso electoral del PCE. El efecto reciente de este sistema electoral ha sido dejar sin representación parlamentaria a cerca de ochocientos mil votos de IU, pero no hay que perder de vista el motivo originario de la Ley, que fue concebida para frenar electoralmente a los comunistas. Siendo consciente de ello, el PCE tiene muy presente la necesidad de reformar dicha ley y así lo manifiesta reiteradamente en sus informes, destacando el informe político aprobado por el Comité Federal del PCE el 22 de abril de 2006 en el que se señala una "urgencia política inaplazable": "Y finalmente, considerar la reforma electoral como una exigencia política inmediata ante el gobierno, no aceptando más dilaciones. Pedir una respuesta concreta con plazo para llevar al Parlamento una iniciativa de reforma de la Ley Electoral que dé a IU lo que le corresponde por su número de votos. En caso de negativa del gobierno, IU debe hacer una propuesta de reforma, para que cada fuerza política se retrate y la ciudadanía sepa que en España continúan votando las hectáreas más que las personas y que esto beneficia a unos y perjudica a IU".

Si a ello sumamos las declaraciones del ex presidente del gobierno Leopoldo Calvo Sotelo cuando afirmó, en una entrevista concedida a El Mundo, que desde el gobierno de la UCD se financió al PSOE con el objetivo de impedir los buenos resultados electorales de un PCE al que se legalizó tres meses antes para restarle tiempo para preparar los comicios de 1977, tenemos la confirmación de las tácticas utilizadas para garantizar una transición concebida sobre el "consenso trampa" y la reforma política del régimen anterior. Dentro de esta tácticas habría que mencionar también la financiación de minúsculos partidos de extrema izquierda que tuvieron como centro de su actividad política la crítica reiterada y hostil al PCE, así como la promulgación de leyes y normas destinadas a debilitar al movimiento sindical, vecinal y social en general, en el que el PCE tenía un claro protagonismo. Pero el proceso de acoso y derribo más importante ha venido siempre a través de la cooptación de cuadros políticos y sindicales dentro del propio partido por parte del sistema. Los ejemplos de dirigentes ex-comunistas, muchos de ellos con cargos en otros partidos políticos, se cuentan por centenares, siempre con una trayectoria de calculado desgaste interno que luego ha tenido su continuidad desde las organizaciones de destino.

El historiador Hobsbawn ya señalaba en los años setenta que el mayor partido del mundo era el partido de los ex-comunistas, y aún restaba por desmoronarse el bloque soviético.

No se trata de centrar en las siglas concretas del PCE el esfuerzo del sistema por neutralizarlo y eliminarlo, sino enmarcarlo dentro del objetivo general de frenar al movimiento comunista internacional. Existen miles de ejemplos en todo el mundo, y en Europa en particular, en cualquier país, y con los partidos comunistas y de la izquierda revolucionaria como diana.

Con este panorama, la legislatura que se inicia en España lleva camino de ser recordada mucho tiempo, porque será la primera con el camino expedito para las dos grandes fuerzas políticas, tan aplicadas en neoliberalismo, para aplicar las políticas económicas y sociales que, amparadas en la tan cacareada recesión económica, necesariamente sucederán al mayor proceso de acumulación de capital de la historia basado en la especulación, la corrupción y la depredación del medio. Después de una primera legislatura de Zapatero que ha supuesto ganancias récord de la Banca, un desarrollo sin precedentes de la especulación urbanística, una contrarreforma laboral hecha a la medida de la patronal, la bajada del impuesto de sociedades por primera vez en la democracia, de la abierta participación del ejército en operaciones militares de la OTAN, del refuerzo de la vigilancia de fronteras, etc., el 94 % de los diputados presentes en el Congreso pertenecen al PSOE y al PP, al amparo de una paz social legitimada por partidos y sindicatos.

En este país el gran capital ya no necesita materializar una gran coalición como en Alemania; se basta y sobra con una coalición formal que aplicará el mayor torrente neoliberal en Europa. Por ello no es de sorprender que la apuesta de la Banca y la CEOE en estas elecciones haya sido el PSOE, que garantiza legitimidad frente al miedo a la derecha, la paz social frente al conflicto laboral, la neutralización del pensamiento crítico y, sobre todo, el proceso de acumulación del capital frente a las reivindicaciones sociales y laborales. Justo lo que ha hecho siempre, con la salvedad de que en estos cuatro años los demás, incluida IU, le han seguido el juego. Se avecina en esta legislatura la mayor contrarreforma laboral de la historia, demandada por los presidentes del Banco de España y de la CEOE, que ya se vislumbra en sentencias como la reciente de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que sostiene que las empresas pueden despedir a empleados durante su baja por enfermedad porque no es discriminatorio ni atenta contra la dignidad de la persona. A lo que hay que añadir el ímpetu privatizador de un gobierno que tenderá la mano al PP para garantizar el buen curso de la economía y la unidad frente a la recesión. Díaz Ferrán, presidente de la CEOE -aquel que señaló al asumir el cargo que la mejor empresa pública es la que no existe- compareció con Solbes cinco días antes de las elecciones para agradecerle la rebaja del Impuesto de Sociedades por primera vez en democracia (del 35% al 30%) y solicitarle una mayor "profundización" por considerar imprescindible reducirlo hasta el 20%. "A partir del próximo día 10 no sólo iremos a hablarte de estos temas, sino que iremos a decirte que, como hemos hecho estos cuatro años, vamos a colaborar totalmente para que las cosas salgan de la mejor manera posible", afirmó Díaz Ferrán.

En este contexto, los partidos políticos de la llamada oposición "influyente y exigente", los denominados socios preferentes del gobierno, han sido literal, o mejor institucionalmente, borrados del mapa parlamentario.

Llegado este punto es necesario hablar de la segunda parte del sueño. Si la primera era convertir en extraparlamentario al PCE, la segunda y definitiva es debilitarlo organizativamente hasta el objetivo final de su desaparición. No es de extrañar que desde la noche electoral el tema recurrente en los medios de comunicación sea la injusticia del sistema electoral, que ahora se dedique a IU el espacio en prensa que se le negó durante los últimos meses, que en las tertulias, debates e incluso charlas de cafetería se muestre con IU el más indigno sentimiento que se puede dispensar a la izquierda alternativa: lástima. Son lágrimas de cocodrilo. Cumplida la primera parte es necesario garantizar el continuismo en IU, es decir, evitar la hegemonía comunista en la próxima asamblea federal.

Son significativas las declaraciones del coordinador del Grupo Parlamentario de IU en el Congreso y asesor del Ministro de Interior,Pedro Antonio Ríos, quien esgrimía recientemente en El País un argumento interesante: "no es bueno que los votos de un millón de personas que se han movilizado no sirvan para representarlas, porque cuando esta gente tenga un problema, y llegarán los problemas, irá a la calle a encontrar la respuesta. Porque si el sistema no les proporciona un canal, cargarán contra el sistema". Para a continuación añadir, un día después en El Faro de Cartagena, que "o entramos en un proceso de refundación o IU tendrá que disolverse", que tal refundación pasa "por partir de valores actuales y de los momentos actuales, que ya no son los de hace treinta años", que "seguimos utilizando lenguajes que ya no llegan a los jóvenes ni a muchos sectores sociales" y que "si IU se reduce al PCE más sus amigos, conmigo que no cuenten, porque no es lo que necesita España, ni lo que necesita la sociedad".

Es decir, se reconoce la potencialidad de un millón de votantes pero se alerta del peligro de canalizarla contra el sistema. Al tiempo se insiste en la refundación, uno de los motivos de conflicto en IU, y reconoce explícitamente que no participará en una IU con hegemonía comunista. Los medios de comunicación y algunos dirigentes federales responsables de la última etapa de IU tienen al PCE en sus oraciones, y lo hacen para asegurar que en una IU "controlada" por el PCE ellos no militarán. Un "democrático" argumento de fuerza que se traduce en "lo que yo diga o conmigo no contéis". El hecho de alertar sobre el peligro de que el Partido Comunista tome las riendas de Izquierda Unida tras la IX Asamblea es bastante significativo y genera varias preguntas: ¿No ha sido el PCE fundador de IU?¿Por qué sería peligroso que, en su caso, en la Asamblea prevaleciesen las tesis de un partido fundador de IU si se han adoptado
democráticamente?

No es justo ni honesto que algunos responsables directos de la situación actual de IU señalen la necesidad de una asamblea de unidad, de borrón y cuenta nueva, mientras aseguran que de triunfar las tesis del PCE ellos no estarán en el proyecto. Tampoco lo es hablar de una asamblea de consenso mientras responsabilizan por igual a toda la organización.

Más allá de la injusticia de la ley electoral,no es cierto que los votantes de IU se hayan ido a PSOE o al llamado voto útil, puesto que dicho partido sólo ha subido 38.361 votos con respecto a las elecciones generales de 2004. 321.041 votantes de IU que con anterioridad habían aguantado crisis internas, atentados terroristas de última hora y chaparrones mediáticos se han quedado en casa. Las posiciones críticas internas previeron el resultado. Hay que destacar que estas críticas centradas sobre el papel subalterno del grupo parlamentario de IU, en su papel de "oposición de la oposición" y la falta de perfil propio, tienen el valor de haber sido hechas con anterioridad al resultado, lo que dota de validez al análisis y demuestra el acierto del argumento.

Defendiéndose de las críticas recibidas, el núcleo dirigente de IU asegura haber mantenido el perfil propio y niega haber actuado como fuerza subsidiaria del PSOE. Sirva de alegoría aquel cuento del vecino que ante el requerimiento de los trabajadores de la mudanza de llevarle el piano se queja diciendo que él no ha llamado a nadie para que se lo lleven, a lo que los trabajadores responden: "usted no, pero los vecinos han llamado todos". En el caso de IU, los máximos dirigentes durante esta etapa niegan haber sido una fuerza subalterna, pero los electores lo han afirmado con contundencia.

Teniendo en cuenta que las elecciones generales son la culminación de un proceso de cuatro años en las que se traduce el debate cotidiano marcado por los medios, la gestión de la dirección federal ha arrastrado a todas las federaciones, como sucedió a la baja en las elecciones de 1982 o al contrario en las de 1996, en aquella ocasión con un resultado de crecimiento inverso al actual (2.639.774, el 10,54% de los votos).

La IX Asamblea federal de IU se celebrará con posterioridad a las elecciones generales porque así lo decidió la dirección, pese a que los estatutos federales en su artículo 51.2 establecen que; "En caso de que coincidiera la celebración de la Asamblea Federal de I.U. con el año o periodo de convocatoria de elecciones, corresponderá a esta la elección de la candidata o candidato a la Presidencia de Gobierno".

Corresponde a la IX Asamblea, entre otras funciones, hacer el balance de la gestión realizada por la dirección federal, establecer la estrategia,línea política, organizativa y de alianzas, así como proceder a la elección de la nueva dirección.Un tema recurrente, inexcusable e inaplazable es aclarar la deuda económica de IU. En todos estos años no ha habido balances por escrito de la deuda real, acaso insinuaciones sobre los pagos mensuales por hipotecas y algunos otros gastos. Existe la posibilidad de que el conocimiento del importe real y total del débito ahorrase muchas discusiones políticas sobre el futuro de Izquierda Unida.

Por lo de pronto los Estatutos sostienen los principios de transparencia y suficiencia para las finanzas de la organización.

Existe la intención de centrar el debate en torno a las responsabilidades políticas del conjunto de la organización, y en concreto se pretende situar en el mismo plano las supuestas responsabilidades de los dirigentes del PCE, reduciendo las diferencias políticas a simples enfrentamientos personales. Es el recurso de la impotencia, el tan manido pretexto del "y tú más" para eludir las responsabilidades y rehuir la confrontación en términos políticos e ideológicos. Es la falaz argumentación histórica sobre la guerra civil llevada al seno de la organización: los dos bandos han cometido atrocidades. En todo caso, la acusación al PCE es tan previsible como una mala película de cine negro,o como el resultado electoral.

Algunas personas con carné comunista y otras que no lo tienen, están tentadas de convertir la IX Asamblea en una especie de juicio paralelo al PCE y su dirección. Los primeros deberán esperar al XVIII Congreso del PCE que se celebrará en unos meses, y los segundos deberán solicitar el carné para participar en ese Congreso, porque en el proceso asambleario de IU de lo que se habla es de IU. Bajo ningún concepto se debe permitir, ni en agrupaciones de base ni en ningún órgano de dirección, que se intente convertir la IX Asamblea de IU en una suerte de Congreso simultáneo del PCE, porque esa es la estrategia de los que persiguen ver cumplida la segunda parte del sueño.